Como se recordará, el 22 de diciembre pasado, el gobierno de Javier Milei presentó para su tratamiento al Congreso Nacional un proyecto de ley denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocido también popularmente como “la ley ómnibus”. El Ejecutivo pretendía que este proyecto, vertebrado en 386 artículos -el texto original tenía más de 600-, se tratase de inmediato o sea en el escaso tiempo que ofrecían las sesiones extraordinarias del poder legislativo. Para eso fue que el gobierno redujo el número de sus artículos. No obstante, esa aspiración no pudo concretarse, porque si bien la Cámara de Diputados había empezado a votar inciso por inciso cada uno de los artículos, el sector que apoyaba su aprobación decidió, ante la perspectiva de un fracaso, dar marcha atrás y enviar el proyecto a comisiones. Sin duda, uno de los factores que más empujaron al oficialismo a tomar esa decisión fue el fuerte clima de protesta y presión ejercida sobre los legisladores por muchas de las entidades y sectores afectados directamente por los artículos del perjudicial proyecto.
Posteriormente, el gobierno recibió otro severo revés cuando el Senado de la Nación rechazó el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que se había presentado dos días antes que la ley ómnibus y que la Cámara Alta finalmente trató a mediados de marzo, luego de distintos rechazos del oficialismo a los pedidos de convocatoria rápida de la Cámara por parte de la oposición. A través de ese DNU, el presidente Milei tendría la potestad de declarar el estado de emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social de la Nación y de ese modo se le permitiría resolver distintos temas de vital importancia para el país sin pasar por el tradicional tratamiento previo de aprobación por el Congreso. De cualquier manera, este rechazo no se efectivizó porque debe tener también el apoyo de la Cámara de Diputados y ésta todavía no ha abordado el tema. Entretanto, y aprovechando todos esos atrasos, el gobierno puso en funcionamiento ese DNU a partir del 2 de enero y desde entonces viene aplicando distintas medidas de desregulación en la economía, como lo han demostrado, los casos de las obras sociales y las prepagas de salud.
De esas dos iniciativas impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza recordamos, con especial énfasis, en esta nota,la de la ley ómnibus, porque en ella se incluía un capítulo, dentro del tema de justicia, que se refería a la Propiedad Intelectual y modificaba varios artículos de la ley 11.723, vinculada esencialmente al derecho de autor. Con esa medida, lo que se pretendía desde el área oficial era, básicamente, desregular a las sociedades de gestión colectiva de derechos intelectuales y prohibir el cobro de derechos de autor y de intérprete en las habitaciones de hotel. Esos eran los dos grandes acápites que la ley establecía y que, de haberse aplicado, hubieran perjudicado directamente a las entidades mencionadas. Ante esta situación, las sociedades de gestión, pero muy en particular Argentores con el apoyo de todas las demás, iniciaron una intensa campaña de oposición a esas medidas, que fue en gran parte generadora del clima que, como dijimos más arriba, contribuyó a que el oficialismo diera un paso atrás y retrotrajera el proyecto a comisiones. No obstante, el peligro no se ha disipado del todo, porque la ley sigue en la Cámara de Diputados y el gobierno confesó, a principios de abril, que al término de la celebración de la Pascua se retomarían allí su discusión con el fin de que se aprueben distintos artículos del proyecto, entre ellos tal vez los que atañen a las sociedades de gestión.
Con la finalidad de conocer cómo se vive esa situación en las primeras semanas de abril -fecha de aparición de Florencio-, pero también para profundizar en las razones por las que Argentores y las sociedades de gestión han rechazado por absurdo e innecesario el intento de modificar los artículos de la mencionada ley 11.723, la revista entrevistó al presidente y al vicepresidente de nuestra entidad, Miguel Ángel Diani y Sergio Vainman respectivamente, quienes fueron protagonistas fundamentales en la campaña de transmitir la oposición de su institución y de las sociedades de gestión a esa medida.
¿Qué deducen ustedes que pueda ocurrir por el hecho de que la ley no haya perdido estado parlamentario?
Vainman. Bueno, durante el discurso que pronunció el 1° de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias de 2024 del Congreso, el presidente Milei propuso un acuerdo a los gobernadores que, entre otras cosas, proponía la aprobación de un plan con distintas condiciones, entre las cuales incluía un reflotamiento de la ley ómnibus, o al menos parte de ella, con la intención de aprobar los temas que más le interesan al Ejecutivo. El hecho de que la ley haya sido retirada de la discusión en el recinto, nada más, indica que su tratamiento podría ser reflotado, como, por otra parte, lo expresó, como deseo, el gobierno. Lo cual significaría la reaparición del peligro para nuestras entidades de una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Desde luego, al ir a ordinarias, si es que esto ocurriera, el tratamiento de la ley, ahora desguazado y por capítulos específicos, sería más lento, más largo, porque responde a otras condiciones de tiempo y a su tratamiento en distintas comisiones, etc. Hay que recordar que durante las sesiones extraordinarias la ley se presentó y trató sólo en tres comisiones -que además no trabajaron independientes sino juntasen plenario, y en tiempo récord, para evitar su discusión a fondo. Con el tiempo más prolongado que proponen las sesiones ordinarias hay más posibilidad de que la sociedad civil y las instituciones que se sienten perjudicadas expresen otra vez su descontento y comiencen a movilizarse contra este nuevo intento de imponer esa ley, que está concebida, en la parte de propiedad intelectual, directa y exclusivamente contra las sociedades de gestión, es decir, contra la gestión colectiva de derechos intelectuales en la Argentina.
Diani. La desregulación está ligada a la posibilidad de que exista más de una sociedad de gestión colectiva por rubro, por cada derecho. Y autoriza también la gestión individual del autor. Esto último es una gran falacia. Acá quiero hacer un paréntesis: Sergio y yo hemos sido las voces de nuestra Junta Directiva. Siempre en cada espacio hay alguien que va en representación de las entidades a exponer sobre la situación que suscita conflicto. Y, en el caso de Argentores nos tocó a Sergio y a mí encarar ese papel, con la venia, como es obvio, de la Junta Directiva, y en representación de ella. Dicho esto, digamos que la gestión individual de los derechos de autor es imposible de ser llevada adelante. ¿Cómo hace un autor o autora para seguir la suerte de su obra audiovisual si su trabajo se estrena, a través de una misma plataforma digital, al mismo tiempo, en diez países distintos? ¿Cómo se puede hacer para seguir la recaudación de esa obra? Es imposible. Sí o sí es necesario que haya una sociedad de gestión colectiva que lo haga. Lo que habilita o habilitaría esta supuesta apertura es que se instalen en Argentina agencias que tomen a tres o cuatro autores de los más reconocidos del momento, los que funcionen mejor en cada rubro, y a quienes representarán por mandato directo, bajándole la comisión administrativa. Argentores cobra en teatro, por ejemplo, el 16 por ciento y de golpe surgiría la posibilidad de que a un autor lo representen por un porcentaje menor. Pero, como de aprobarse la reforma habría una prohibición por ley de que Argentores siga llevando adelante la actual acción mutualista que desarrolla, esto provocaría un enorme perjuicio, en primer lugar, a los socios que hoy están y que, como se sabe, son beneficiarios en la actualidad de la atención de una prepaga y ayuda asistencial de toda clase, tema que tanto Sergio como yo explicamos en distintos espacios, entre ellos en el de diputados. Allí todos coincidieron en que era una aberración que sucediera esto, porque, como el gobierno dice que no tiene dinero, ¿quién va a ayudar a nuestra gente, a nuestros socios? Al mismo tiempo, al desregular y prohibir que se desarrolle una política mutual, eso beneficia a estas agencias que, al no tener ninguna obligación de cumplir este rol asistencial, se pueden dar el lujo de bajar sus comisiones administrativas, porque es todo ganancia. Pero cuando el autor llegue a una edad en donde su obra ya no interese tanto, o tenga menor nivel de creatividad, le van a decir gracias, váyase a su casa y arréglese como pueda, porque va a carecer de la política asistencial que hoy le brinda Argentores a través de una prepaga de excelencia y de otros beneficios. Evidentemente, esto es ideológico.
V. Hay un principio que defiende gran parte del gobierno, un principio de orden ideológico: la oposición frontal y absoluta a todo monopolio de representación. Nosotros somos un monopolio de representación, pero mejor que eso digamos que tenemos la exclusividad de representación. La palabra monopolio no suena bien, aunque yo no tengo miedo en mencionarla. Porque también el Estado tiene el monopolio de la fuerza y nadie discute ese principio, porque es algo bueno que no lo tenga el resto de la sociedad. La palabra “monopolio” depende de cómo se emplee ese instrumento al que aludimos. Es cierto que el término suele provocar cierta reacción emotiva, porque habitualmente alude a la quita de derechos, pero en este caso es al revés: el monopolio lo que hace es garantizar derechos. Los derechos de quienes, en la confrontación negociadora con las grandes empresas y las patronales, tienen una posición claramente de debilidad. Es así. El hilo más delgado es el de los creadores, no el de las empresas.
Bueno, de hecho, esta exclusividad de representación de los creadores por parte de determinadas entidades se da en la mayor parte del mundo.
D. En los Estados Unidos existe, por ejemplo, un monopolio sindical respecto de la defensa de los derechos de los guionistas, que están representados por el Writers Guild of America. Y hablamos precisamente de Estados Unidos, porque es un país en el que este gobierno se espeja. Allí no hay sociedades de gestión, pero hay sindicatos que defienden esos derechos, y que son muy estrictos a la hora de ejercer esa defensa. Si el guionista no estás asociado al sindicato, en los Estados Unidos no puede trabajar.
D. Hay que recordar que esos sindicatos hicieron el año pasado un paro muy importante que detuvo la industria. Fue un paro, sobre todo, contra las plataformas. Porque en Estados Unidos, los guionistas cobran regalías por la televisión de aire y el cable, pero no cobraban por el streaming en las plataformas. Y las grandes empresas no querían pagar. Y ya llevaban ocho años sin cobrar. De modo, que se hizo un paro hasta lograr que se les reconociera ese derecho. Y ahora lo cobran y eso lo consiguieron gracias a la existencia de los sindicatos y el monopolio que tienen en la representación de cada espacio de creación autoral.
Por otra parte, es difícil creer que quienes impulsan esta ley no lo sepan esto.
V. En ese país no se puede trabajar por fuera de la Writers Guild, el sindicato de autores. Tener a esa entidad en contra es como tirarte un tiro en el pie. Ninguna empresa desconoce ese hecho y la entidad funciona como un monopolio respecto de la posibilidad de trabajar en Estados Unidos como guionista y también a la manera en que esa profesión se ejerce. Entre los directores y los actores ocurre lo mismo.
V. En rigor, todos sabemos, incluso los que han redactado esta ley, que la gestión individual de derechos tanto de autor como de intérpretes, en el contexto de lo que es la multiplicidad, variedad y complejidad que han adquirido los medios en el mundo, de su universalización, se hace imposible. Un individuo no puede llevar adelante este trabajo de control de los derechos que su obra genera. Y esto no solo vale para el audiovisual, también para un autor de teatro. Mauricio Kartun contaba hace poco que una obra de él se daba de manera simultánea o concomitante en Santiago de Chile, en Formosa, en Lima, en Madrid y en Ushuaia. ¿Entonces, cómo hago yo?, se preguntaba. ¿Me compro un avión para ir de ciudad en ciudad?, volvía a preguntarse. ¿Cómo hace un autor? Por supuesto, todos saben que es absurdo pretender que un autor se encargue individualmente del control de sus obras en distintos lugares del planeta. Los que han redactado esa ley saben que están sosteniendo una falacia. Y esto, finalmente, como decía Miguel, les abre las puertas a las agencias, a los negocios que están en la búsqueda de nuevos bolsones de rentabilidad allí donde hoy no los hay.
D. Además, digo, para abrir el panorama de la conversación, que hay un hecho que desbarata cualquier explicación que quiera dar este gobierno, empezando por algo: que Argentores no le produce al Estado ningún gasto. El Estado, y quiero que esto quede subrayado, no le da ningún dinero a esta sociedad de gestión. Cuando el gobierno dice que no tiene plata para dar a quienes la piden y se respalda en esto para llevar adelante su política de apoyo cero a distintas entidades, hay que recordarle lo siguiente: Argentores no recibe nada del Estado. Las sociedades de gestión son sociedades sin fines de lucro. Y toda la mutualidad que lleva adelante Argentores está ligada a la comisión que se les cobra a los autores y autoras por la gestión administrativa de sus obras. De ahí sale la ayuda solidaria que se le da a los distintos socios para sostener sus prepagas y sus pensiones. Es un círculo virtuoso.
V. Es un círculo virtuoso totalmente ajeno al ámbito estatal. Lo primero que le dijimos a los legisladores que contactamos fue que Argentores no tiene nada que ver con el déficit porque no es parte del presupuesto nacional, a nosotros no nos votan todos los años en la Cámara de Diputados diciendo ahí va la partida del tesoro nacional destinada a… No hay ningún aporte del tesoro nacional para Argentores. Nosotros, nos manejamos de modo totalmente autónomo. No cobramos un impuesto, que es el otro punto importante. Cuando dicen: “Ustedes lo que hacen es cobrar impuestos…” No, de ningún modo, nosotros recaudamos derechos. Solo pueden cobrar impuestos los entes estatales, sean estados nacionales, provinciales o municipales. Los particulares no pueden cobrar impuestos, por una razón de lógica jurídica. Nosotros recaudamos el derecho que las obras dramáticas producen al ser comunicadas al público por los usuarios, sean empresas de teatro, cine, televisión o internet.
D. Tampoco impactamos en el ciudadano de a pie. El derecho de autor tiene un origen claro. Cuando un ciudadano decide ir a ver una obra de teatro, o se suscribe a un cable operador o a una plataforma digital, un porcentaje de lo que él está pagando, de su cuota, va como salario al autor. Pero no es un impuesto. Es un derecho de autor, que existe en el mundo desde hace 250 años.
V. Exacto. Fue en 1776 que se instaló la primera sociedad de gestión en Francia. De manera que no lo inventamos nosotros, y se cobra en todo el mundo. El derecho de autor está universalizado, cada vez hay más sociedades de gestión en los países del planeta. África se está sumando de manera masiva con la creación de distintas sociedades de gestión de autores e intérpretes.
D. El autor sigue la suerte de su obra. Si le va bien cobra más dinero, si le va mal cobra menos.
V. Por otra parte, Argentores no fija precios, de modo que no participa de ningún monopolio de orden económico. No fija el precio del cable, ni tampoco el de las entradas de cine o teatro, ni el de la suscripción a las plataformas. Los que ponen el precio son los dueños de los cines, teatros, canales o plataformas. De ese precio que cobran al usuario, al contribuyente dicen ellos -aunque en este caso no correspondería llamarlo así, sino suscriptor, o espectador en el caso del cine o teatro presencial-, una parte está destinada a pagar el derecho de autor de la obra por la cual convocaron a ese público. Están utilizando, tanto en el teatro como en el audiovisual, un repertorio protegido por ley. Y por el uso de ese repertorio y su utilización pública deben abonar a los titulares de ese derecho un dinero, que es mínimo comparado con lo que cobran las empresas. En el cable, nosotros cobramos apenas un 0,65 por ciento de la recaudación. En cine, en salas, cobramos de las películas nacionales, el 1,18 por ciento. Y el 0,18 de las internacionales. Y en teatro, se cobra el 10 por ciento de la entrada, derecho ya adquirido hace cien años.
D. O sea, no dependemos del Estado, el Estado no nos da dinero y lo que recibimos no constituye un impuesto, pero, además, a nosotros nos audita el Estado, porque a nuestras asambleas, ordinarias y extraordinarias, viene tanto el INAES, debido a que somos una mutual, como la IGJ, Inspección General de Justicia, ambas instituciones a las que les presentamos los balances que deben aprobar. Es decir: nos auditan y aprueban nuestros balances. Más transparencia imposible.
¿Y cuál es el problema con la difusión de películas o series en la televisión en hoteles?
D. Con la industria hotelera lo que tenemos es una mirada distinta a la que ese sector plantea. Para la sociedad de gestión y la defensa del derecho de autor, la habitación de un hotel es un lugar público. Va un señor a esa habitación, prende la televisión y ve un programa. El hotel le brinda un servicio con un contenido audiovisual que tiene autores y autoras, por lo tanto tiene que pagarlo. La habitación no es un lugar privado. El señor no puede disponer del espacio, no puede invitar a un amigo y hacer una fiesta o pintar de otro color las paredes de esa habitación. Porque es un lugar público.
V. La industria hotelera sostiene que la habitación del hotel es una extensión del domicilio privado y debido a esa condición no se le puede cobrar derecho por el uso de obras protegidas en el domicilio privado.
D. Y, al ser supuestamente privado, no habría comunicación pública.
V. Esta posición tiene algunos seguidores en la doctrina, pero ha sido rechazada mayoritariamente en el mundo. En Europa no existe la posibilidad de no cobrar el derecho de autor en los hoteles y albergues, está institucionalizado hace años y nadie discute eso. Pero, bueno, para los hoteleros no pagar a la sociedad de gestión aumenta su rentabilidad. Eso es una cuestión económica, dineraria. Es una discusión saldada, la vienen a traer acá aprovechando la nueva situación del país.
D. Las clínicas y bares, por ejemplo, aceptan que es comunicación pública. El único sector que se opone son los hoteleros, circunscribiendo su pretensión sólo a las habitaciones, pues su reclamo no se produce si la televisión está en el gimnasio o en el lobby del hotel. En estos casos sí aceptan pagar.
V. Consideran que en la habitación puede haber una sola persona, entonces deducen de eso que es privado. No hay dudas de que, en este caso, hay personas que rondan en torno al gobierno y que son dueños de hoteles. Son los que están presionando para que esto se sancione. Hay exlegisladores y funcionarios que son dueños de hoteles, esto se sabe. Entre ellos está muy metida la industria hotelera.
D. Hay muchos empresarios metidos en este gobierno, algunos tienen sus intereses en los hoteles y otros ponen los huevos en otras canastas, pero es todo un tema de interés económico.
¿Esta disposición estaba incluida en la ley ómnibus?
V. No. En la redacción original de la ley ómnibus no estaba la reforma del artículo 36, que es el que se refiere a los hoteles. Lo agregaron después. Y es curioso: durante el gobierno de Macri, fue el Estado el que reguló los aranceles de los hoteles y de lo que se debía pagar. A través de un decreto se determinó cuánto es lo que se paga y el máximo que se paga. Pero, ahora, en la nueva estrategia nos quieren sacar del mapa. Además, sacándonos la representación exclusiva nos impedirían llevar a juicio el tema en el futuro. ¿Por qué? Porque Argentores, como cualquier otra sociedad de gestión, frente a lo que es la doctrina internacional podría actuar y judicializar el tema. Podría decir con sustento: ustedes, señores, están negándose a pagar algo por lo que se paga en la actualidad en casi todos los países del mundo. Para evitar que nosotros podamos actuar en representación de todos los autores, como ahora sí podemos hacer, nos quieren desregular y nos quieren sacar la representación exclusiva. Insisto con que esa exclusividad de representación es lo que a nosotros nos permite encarar nuestras negociaciones con las empresas con cierto equilibrio de fuerzas, romper con la obvia asimetría que coloca al creador, por un lado, y el empresario por el otro. Al tener una sociedad de gestión que actúa en nombre de todos y en nombre de todo el repertorio, entonces se puede eliminar cierto grado de asimetría. Una de las virtudes de la representación exclusiva es que les asegura a los creadores que esa diferencia abismal que supondría al individuo enfrentado con la empresa se puede evitar, aunque sea en parte. Es una verdad de Perogrullo decir que la unidad hace a la fuerza, pero esto es así. Y aquí, en nuestro país, esa unidad de representación está encarnada por la totalidad de las sociedades de gestión que representa a cada sector que tiene derechos que defender (autores, directores, intérpretes actores, músicos, compositores). Cada actividad tiene su sociedad de gestión. En verdad, en la mayor parte de los países del mundo esta exclusividad es un monopolio natural. Normalmente, hay una sola sociedad por cada derecho gestionado y es excepcional que no sea así. En España, por ejemplo, hay dos sociedades de autores, porque los autores audiovisuales en un momento se separaron y formaron DAMA, frente a lo que era en origen la SGAE. Y eso ocurrió porque la legislación lo permitía.
D. Y eso sucedió también porque SGAE es una sociedad multi repertorio y los autores audiovisuales querían tener una sociedad propia, que recaudara exclusivamente los derechos audiovisuales. Aquí en nuestro país no existen sociedades multi repertorio. SADAIC, ARGENTORES, DAC, SAGAI y AADI, recaudan distintos derechos. En rigor, en relación al negocio de la música, el del audiovisual en el mundo es más pequeño, pero es un sector muy difundido a través del planeta y por esa razón hay cada vez más sociedades en ese rubro que se van incorporando en distintos países del globo. Y con todas las que representan al gran derecho, Argentores tiene contactos y estamos trabajando para que haya más sociedades de gestión audiovisuales y de dramáticos en el planeta. En América Latina hemos participado en la creación de leyes y de sociedades de gestión, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Uruguay, por esa razón el apoyo que recibimos del ámbito internacional, cuando salió este proyecto que perjudica a Argentores y otras sociedades de gestión, fue enorme. Vinieron expresiones de solidaridad de todo el mundo e incluso de la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores). Argentores es una sociedad respetada en todo el mundo.
No queda dudas de que los argumentos en defensa de las sociedades de gestión son muy fuertes y difíciles de refutar.
V. Yo creo que a partir de todo esto que estamos diciendo, queda claro que nuestra posición es sólida y que tenemos fundamento para decir lo que decimos. No es que estamos defendiendo privilegios personales, acá no hay nada de eso. Ninguno de nosotros tiene ingresos por la sociedad, más allá del viático o el resarcimiento que recibimos de la Junta Directiva. Nosotros no somos empresarios,antes que nada somos autores y autoras y, circunstancialmente, somos directivos de una sociedad que pertenece a todos los socios, de modo que, como no tenemos intereses personales que defender, nuestra posición es sólida. No tenemos nada que esconder, tenemos todos los números a la vista.
D. No tenemos fines de lucro ni repartimos ganancias.
V. Ni dividendos. Todos los años, presentamos un balance que es auditado por BDO, una empresa de auditoría internacional de gran prestigio. Y tuvimos una auditoría de la CISAC hace dos años que fue impecable. No tuvimos una sola objeción, del mismo modo que no tuvimos puntos de disenso con BDO. Presentamos todos los balances en las asambleas y se aprueban prácticamente a libro cerrado. El IGJ y el INAES no han hecho una sola objeción. No hay nada que ocultar, que vengan todos los controles que quieran. Estamos abiertos a que pongan diez controles más si se les antoja. No tenemos nada que esconder.
D. En un monopolio de la industria o del comercio, la no competencia sí puede perjudicar al conjunto de la sociedad, porque hay sectores importantes que manejan el monopolio de ciertos productos y hacen que perjudiquen a empresas chicas. En el caso nuestro, el monopolio comprende a todo el mundo autoral en beneficio de ese mundo, no estamos en competencia con otros.
V. En la representación de derechos no existe competencia, porque si hubiera dos sociedades de gestión de derechos de autores, mi repertorio lo tendría una sociedad y el repertorio de Miguel lo tendría otra. El usuario -el cable, la plataforma, en el caso de los audiovisuales- viene a la sociedad donde yo tengo mis obras representadas y dice: quiero que me den las obras de Diani. No, las obras de Diani las tiene que ir a gestionar enfrente porque las tiene la sociedad que está allí. Usted me puede bajar el precio, si quiere. No, yo no le puedo subir ni bajar el precio. No hay competencia entre nosotras, el precio lo pone cada sociedad, si le cobran 300 le cobran 300, es un tema de ellos. Esa competencia, de la cual se enorgullecen tanto los gobernantes actuales, no existe en la sociedad de gestión.
D. Es un desconocimiento total de lo que sucede en estas sociedades.
Pero igual intentan romperlas.
V. Exacto, no saben cómo es, ni para qué sirven, pero igual intentan romperlas. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con el monopolio de representación, que es en realidad lo que quieren eliminar. En el fondo apuntan a lo sindical, porque lo que odian en rigor es el monopolio de la representación de los sindicatos en la Argentina. Pero, como no pueden enfrentar a los sindicatos, empiezan por las sociedades de gestión.
D. En Estados Unidos, el país que admiran como dijimos, funciona sin ninguna discusión el derecho de los sindicatos a poseer el monopolio de la representación. Por eso decimos que es muy contradictorio todo este avance que hace el gobierno y carece de argumentos. Todos los legisladores con quienes hemos hablado, adscriptos a distintas corrientes políticas, nos han preguntado, un poco sorprendidos: ¿Y por qué se meten con ustedes? No hubo uno que no haya cuestionado este proyecto. No entienden por qué se meten con las sociedades de gestión y mucho más al saber que no les costamos ni un centavo al Estado.
V. Es más: nosotros le damos al Estado. Argentores es agente de retención de los impuestos a las ganancias. Todo dinero que debe pagar impuesto a las ganancias lo paga tal cual lo establece la ley, sea el autor nacional o internacional. Y, al momento de remitirle a este último la ganancia que estipula su derecho, queda retenido el impuesto respectivo, que se le traslada a la AFIP. Ese es un servicio que Argentores hace al Estado. Argentores es, por otro lado, agente de retención del “derecho público pagante” del Fondo Nacional de las Artes. Cobra las obras que caen bajo ese dominio y remite el dinero al Estado. Ese derecho deriva del uso de todas las obras que, después de fallecido el autor, pasan al “dominio” público, pero no son totalmente gratuitas, deben pagar un dinero y la recaudación que se logra de eso va al Fondo Nacional de las Artes para promocionar,estimular o fomentar la realización de nuevas obras o proyectos. Por supuesto, que palabras como “estímulo”, “promoción”, “fomento” u otra que se les asemeje suenan horribles al oído del nuevo gobierno. Están muy mal vistas y las consideran políticamente incorrectas. Pero volviendo al tema de la independencia de Argentores, nosotros siempre hemos sostenido el funcionamiento de nuestra planta de empleados con recursos propios, aún en épocas de Pandemia. En realidad, por eso tuvimos tan buena respuesta de los legisladores. Por la sencilla razón de que fuimos con todos estos argumentos que exponemos acá y se los desarrollamos a cada uno de los legisladores que visitamos. Y también a muchísimos medios de difusión y periodistas con los que hablamos.
D. Cuando uno puede responder bien todas las preguntas que le hacen, exhaustivamente, cuando no hay nada que ocultar y se cuenta la verdad, la comprensión se hace más sencilla para el interlocutor, que si vuelve a preguntar recibirá exactamente la misma respuesta que recibió antes, sin encontrar ninguna contradicción.
V. Los culpables generalmente tienen dos versiones y suele ocurrir que al exponerlas se contradicen. Acá no puede pasar eso. Resistimos el archivo, porque lo único que tenemos para decir es lo que contamos siempre, no existe nada oculto detrás de las explicaciones que damos. Por esto, pudimos concretar todas las notas que dimos y fuimos a todos los lugares que nos convocaron para hacer notas. Y siempre dijimos lo mismo, no hubo ningún cambio de discurso con cada interlocutor, se tratase del bloque de Miguel Ángel Pichetto o del de los radicales, los peronistas o la izquierda. Y todos entendieron nuestras explicaciones de la misma manera. Y el hecho de que se haya retirado la ley, en un punto nos dolió, porque sabíamos que teníamos los votos necesarios para voltear el articulado de la desregulación de las Sociedades de Gestión.
De todas maneras, si se vuelve a reflotar el tratamiento parlamentario de la ley, con seguridad tendrán que volver a la misma tarea de explicar lo que ya sostuvieron.
V. Si suponemos que sí.
D. Este va a ser un año duro, de mucho trabajo, porque si esto entra en ordinarias, que es posible que entre, vamos a tener que movernos otra vez y, seguramente, nos van a convocar a plenarios para explicar nuevamente esto. Tal vez con algunas caras nuevas.
V. Pero hay una cosa que nosotros dijimos desde el principio junto con todas las demás sociedades de gestión: ¿Por qué romper algo que no está roto, un modelo que funciona perfectamente bien, que es aprobado por todos los creadores que están asociados a las sociedades de gestión? Se trata de 115.000 creadores que no generan ningún conflicto. No hay conflictividad interna en estas entidades, allí todo el mundo cobra lo que tiene que cobrar y hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué entonces el Estado se mete dentro de una organización privada? Porque esto es una ONG, una organización no gubernamental. ¿Por qué el Estado se mete con la propiedad privada, siendo que los derechos de autor son propiedad privada y no propiedad del Estado? Son entidades donde la decisión de los titulares de esos derechos de pertenecer, de asociarse a ellas, son concretadas con libre decisión, con plena libertad. ¿Por qué entonces, repetimos, viene el Estado a desregular? ¿Qué es la desregulación? La desregulación es la puerta de entrada para el negocio privado. No podemos pensar de otra manera. Si no, ¿por qué desarreglar lo que está funcionando bien, romper lo que no está roto? Nosotros desde el inicio, cuando apareció esta ley y vimos el capítulo completo y pormenorizado acerca de las condiciones que debía reunir una sociedad de gestión para ser admitida, nos preguntamos: ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué de repente la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que hasta este momento ha sido un organismo dedicado exclusivamente a los efectos registrales, es decir que toma registro de las obras y nada más, de repente por esta ley se le confiere un poder omnímodo por el cual puede determinar quién es sociedad de gestión, quién no, quien deja de serlo, quién recibe sanciones, como si fuera una especie de pequeño feudo? De esta manera, otorgándole esta titularidad, la Dirección Nacional de Derecho de Autor se transforma en el factótum decisorio de cualquier actividad de gestión colectiva. Es un desprecio profundo por la gestión colectiva, que en la Argentina tiene muchos años de antigüedad en la actividad. Es un profundo desprecio por nuestra institución que tiene ya 114 años. Y que no tiene conflicto interno, que no tiene conflictividad ni problemas. Sería otra cosa, si la realidad confirmara que la sociedad es un quilombo. Y por supuesto que no lo es.
D. Aparte, se comete una enorme contradicción al querer transformar algo que es de índole privado en un ente del Estado. Están peleando -según sus propias enunciaciones- para que suceda lo contrario, para que cada vez haya menos cosas del Estado y de pronto quieren pasar al Estado una entidad que ya funciona perfectamente. No puede haber contradicción mayor. En nombre de la desregulación, crean una DNDA super poderosa, con un sistema de controles que ahora ejerce la IGJ y que estaría duplicando. Y con lo cual crearía más burocracia enorme. Y, por otro lado, le dan un poder de regulación al Estado que actualmente no tiene porque se trata de una entidad privada. Si uno se pusiera a analizar los planteos del presidente de la Nación, se daría cuenta que sostiene los principios de una doctrina anarcocapitalista, que pretende que nada sea del Estado y todo pase a la esfera privada. Pero, en este caso, estaría haciendo, como decimos, todo lo contrario, porque pondría al Estado como regulador de una entidad privada. Hasta ahí, hasta ese punto de incoherencia llegan las cosas.
V. Pero, además de los argumentos que nosotros esgrimimos frente a los legisladores más recalcitrantes, que los hay también, recordamos que en el año 1997, Roque Fernández, socio ideológico de este gobierno, y que en ese entonces era ministro de Economía, firmó un decreto por el cual reconocía que no correspondía instrumentar la desregulación -recordemos que era época de Carlos Menem y existía una ley de desregulación general de la industria y del Estado- para Argentores y SADAIC porque, como representantes de los autores tanto dramáticos como musicales son significativos para la cultura y generan un círculo virtuoso. Por lo cual, nosotros no fuimos en aquel momento desregulados.
D. ¿Sabés cómo fue eso? El fallecido Carlos Villalba, un abogado especialista en derecho de autor, un hombre muy respetado en el mundo jurídico argentino e internacional, alguien que fue empleado de Argentores y que luego nos ayudó hasta el final de sus días, le pidió en aquella oportunidad una audiencia a Roque Fernández para explicarle por qué no correspondía desregular la actividad. Y él mismo en persona le fue a explicar de qué se trataba realmente el tema. Entonces, en la primera reunión que tuvo con Roque Fernández le llevó una cantidad de diarios, entre ellos La Nación, Clarín y otros, y le dijo: “Mire los espectáculos. Fíjese detenidamente en cualquier de ellos y dígame dónde figura la palabra Argentores. Un gran monopolio tendría que figurar en distintos lugares.” Y el ministro le contestó: “Le doy diez reuniones para vernos. Si usted me convence, yo saco la desregulación de Argentores y SADAIC”, que eran en ese momento las entidades que estaban en peligro. Y tuvieron tres o cuatro reuniones más y a raíz de eso dejó sin efecto la desregulación. El tema viene de vieja data.
V. Acá hay un texto que dice: “La normativa de las sociedades de autores y sus facultades se vincula con el área cultural y resulta claramente diferenciada de los objetivos del alcances del decreto de desregulación económica, el que no menciona ni el derecho de autor, ni a los autores ni a la sociedades encargadas de la custodia de dichos intereses, que la estructura jurídica que conforma a la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, de protección recíproca, y también a SADAIC, responde a una responsabilidad social delegada por el Estado nacional a fin de proteger los derechos de autor y sobre los cuales existe un interés particular ya que el propio Estado a través de estas entidades recauda esos derechos cuando pasan al dominio público y que se destinan a financiar el sostenimiento de políticas públicas como son las que encarna el Fondo Nacional de las Artes. Que los estudios realizados en el ámbito de la Subsecretaría de Comercio Interior de la secretaría de Industria y Minería de este ministerio sobre ese cuerpo normativo determinan la conveniencia de que hasta tanto no se disponga de un proyecto de marco legal sustitutivo que corrija los posibles desvíos y efectos no deseados de las estructuras vigentes, se propicie un acto resolutorio que exceptúa de la aplicación de las disposiciones del decreto a las mencionadas entidades sobre el derecho de autor.” Eso lo dijo Roque Fernández hace unos 26 años.
D. Como hemos dicho: no hay por donde entrarles a las sociedades de gestión. Es solamente una mezcla de capricho con ideología, que está ligado a que el Estado tiene que ser llevado a su mínima expresión. Pero que en este caso se da de patadas con el propio intento, porque, en todo caso, en vez de disminuir la actividad del Estado, le sumaría una regulación más.
V. Por otro lado, también hay fallos de la Corte Suprema que defienden la exclusividad, tanto en el caso de AADI, como en el caso de SADAIC. En ambos casos, ese organismo falló que la exclusividad es buena, independientemente de la voluntad de los creadores, porque es buena para el conjunto de ellos.
D. De hecho, en los países donde no hay sociedades de gestión, el que pierde es el autor. Porque a la hora de negociar, las grandes empresas hacen valer esa ventaja de no tener ninguna entidad de gestión que las controle e imponga límites. Y en el caso de que haya más de una sociedad de gestión por rubro la competencia entre ellas también termina perjudicando al autor. En España, las dos entidades que existen, la SGAE y DAMA, rápidamente se dieron cuenta de que tenían que ponerse de acuerdo en tener aranceles comunes, en unificarlos, porque lo otro terminaba perjudicando a los autores.
V. De hecho, en esos países se terminó estableciendo un oligopolio. Por eso, allí donde existe más de una sociedad, se acuerda unificar, igualar los aranceles. Porque el derecho de autor e intérprete es un monopolio natural. Todo esto es muy claro para explicar y muy fácil de entender cuando se tiene tiempo y buena leche para reflexionarlo.
¿Y qué nuevas medidas se podrían tomar si surgiera la posibilidad concreta de que se aplicara la desregulación?
V. Argentores tiene una responsabilidad muy seria: tiene, entre pensionados y personas que están en las prepagas o con ayudas asistenciales, más de mil personas a su cargo. Por lo tanto, tiene una responsabilidad moral y social. Si a nosotros nos aplican en algún momento la desregulación y nos modifican la actual situación, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso no se concrete, primero por una obligación legal, pero sobre todo por una obligación moral.
D. Hay que pensar que las pensiones mínimas que Argentores otorga a autores y autoras, que les corresponde por haber logrado una determinada cantidad de estrenos y puntaje, son mayores que la mínima que da el Estado. Si le sacas eso al pensionado que lo está recibiendo, deja de comer, lo condenas a muerte. Además de lo que significa dejarlo sin la prepaga médica.
V. Nosotros les hemos dicho a los legisladores a quienes visitamos: acuérdense que cuando ustedes levanten la mano pueden estar llevando a miles de nuevas personas a la intemperie. Entre todas las sociedades de gestión hay más de 10 mil beneficiarios de mutualidades. Entonces, ¿está bien desregular cuando dejas a 10 mil personas en la vía pública? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? La cantidad de familias que perjudicas es como llenar un Luna Park e incendiarlo, prenderle un fósforo, para decirlo gráficamente. Que se haga cargo el que levanta la mano.
¿Ustedes siguen en contacto actualmente con las otras sociedades de gestión?
V. Hubo una relación muy estrecha durante todo el mes de enero, a veces de más de una vez al día. Después se relajaron los contactos porque desapareció el peligro inmediato, pero seguimos teniendo un contacto muy fluido con todas las entidades de gestión. Y además todas las sociedades de gestión han reconocido que Argentores fue una de las entidades que más empujó esta movilización a distintos organismos para hacer presente nuestra oposición a las medidas que se pretendía instrumentar.
D. Es que los 114 años de existencia de Argentores pesan. Y pesan aún más cuando la entidad atraviesa, como ahora, una situación impecable.
V. Lo que es importante ver también es la transversalidad que tiene Argentores. Por ahí no todas las sociedades de gestión pueden decir lo mismo. Argentores muestra una transversalidad que es defendida desde Juan José Campanella hasta Tito Cossa, quienes, como sabemos, tienen posiciones políticas distintas, pero que a la hora de defender los derechos de la sociedad y a los autores están todos juntos a nosotros.
D. Esto es fruto de la prédica constante que hace en ese sentido la Junta Directiva. Nosotros vamos a defender a capa y espada el derecho de autor, no importa el color político del gobierno de turno.
V. Nosotros hacemos mucha política, pero política en defensa del derecho de autor. Es política de gestión la que hacemos, no partidaria, por eso podemos exhibir a Campanella y a Tito, porque los dos son parte nuestra, sin duda. Creo que todas las sociedades de gestión deberían tener esta transversalidad, porque los dirigentes de una entidad no deberían involucrarse en las disputas políticas partidarias. En el caso de Argentores, representamos tanto a Campanella como a Tito y debemos defenderlos a los dos. En nuestra Junta Directiva no existe la partidocracia, porque además así lo dice nuestro estatuto en su primer artículo. Argentores tiene prohibida la actividad política partidaria. Esa transversalidad creo que también tuvo mucho que ver con la recepción que tuvimos entre los legisladores. Y no es que Argentores quede bien con Dios y con el Diablo, Argentores es Dios y el Diablo. Es así, porque dentro de los autores hay dioses y hay diablos. Nos guste más o menos, seamos o no amigos de quienes sustentan ciertas posiciones que no compartimos, son socios de Argentores. Son pares nuestros y deben ser defendidos como cualquier autor.
D. En Argentores no se juzga ni la capacidad del autor, ni el talento, ni su mirada política, ni nada de eso. Defendemos las obras más allá de la opinión que podamos tener sobre ellas. Después te puede gustar o no la obra, en lo personal, pero como directivo se tiene el deber de defender a todas las obras y a todos los autores y autoras por igual. Y la mejor forma de defenderlos es luchar para que Argentores siga siendo lo que es: una sociedad modelo en el mundo.
A.C
