El decreto 70/2023 con 366 artículos pretende imponer modificaciones -muchas de ellas sustanciales y definitivas, hasta el punto mismo de la derogación lisa y llana- a más de 300 leyes que tuvieron debate, consenso y apoyo ciudadano, y que han generado derechos adquiridos en la práctica democrática y social de todos/as lxs ciudadanos/as argentinos.
El presidente y sus ministros se arrogan la suma total de los poderes públicos dejando de lado los deberes, las responsabilidades y la representación que son exclusivas de Diputados/as y Senadores/as Nacionales, quienes también fueron refrendados en elecciones libres y soberanas y que son los únicos autorizados por nuestra Constitución Nacional a legislar.
El DNU representa una entrega absoluta de la soberanía argentina y la abolición de derechos sociales, entre ellos la integridad territorial, el espectro radioeléctrico, los recursos naturales, los derechos de trabajadoras y trabajadores, la protección de los/as consumidores y las garantías de salud y hábitat de todo el pueblo Argentino y sus residentes.
A nuestro sector cultural y de comunicación audiovisual, el Art 48: “Transformación de empresas del Estado en Sociedades Anónimas”; le genera una afectación directa cambiando su estatus en Sociedades Anónimas, cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada.
Esta disposición comprende a todas las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas, por lo que estarán sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N°19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.
Las empresas del estado cómo Télam, Radio y Televisión Argentina (Canal 7 + 57 Radios Nacionales), Contenido Público S.E.(Encuentro, PakaPaka, DeporTV, TecTV), ARSAT y las SAPEM de Multimedios de Tucumán, Córdoba y Misiones, entre otras.
En el Artículo 53: deroga o sustituye cláusulas laborales cuya desregulación tornará más difícil la contratación de servicios para producciones audiovisuales por parte de empresas locales. Esto beneficia indirectamente a grandes productoras extranjeras, que sin dudas lograrán oligopolizar la contratación de servicios.
Art. 97: Servicios esenciales. Sustitúyase el artículo 24 de la Ley N°25.877, especialmente el Capítulo III sobre conflictos colectivos de trabajo. La modificación está dirigida a ampliar las actividades consideradas “servicios esenciales”, para así restringir la posibilidad de tomar medidas de fuerza por parte de sus trabajadores/as, impidiendo el derecho a huelga a los gremios SATSAID, FOETRA, SUTEP, FATPREN y otros, sin posibilidades reales de una mejora en las negociaciones salariales y condiciones de trabajo.
Los Artículos 326 y 327: Sustituye el artículo 45 y 46 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522. De este modo se elimina todo límite a la multiplicidad de licencias en el orden nacional y también elimina límites a la concurrencia de TV satelital. Sólo conserva límites a niveles locales, permitiendo ampliar el monopolio y el oligopolio, en beneficio de unas pocas empresas, impidiendo el federalismo en la comunicación y desarmando todo tipo de diversidad cultural y acceso a la comunicación pública.
Los Artículos 328, 329 y 330 modifican la Ley Argentina Digital. El criterio ideológico de “Cielos Abiertos” es solo para los amigos del presidente, con sistemas globales en materia satelital, y totalmente desregulado. Pero atención al detalle encubierto: la responsabilidad sigue siendo del Estado, es decir, hacen negocios ellos y paga el pueblo argentino.
Todo esto es claramente la continuidad histórica de las políticas económicas, sociales y jurídicas iniciadas por José Alfredo Martínez de Hoz para la Junta Militar en la dictadura cívico-militar 1976 -1983, todas medidas impuestas con la sangre derramada del pueblo argentino; seguidas por Domingo Cavallo en los 90 y el 2001; retomadas entre el 2016 y el 2019 por Macri, Caputo y Sturzenegger, hoy activistas, asesores y funcionarios indispensables del gobierno de Javier Milei.
Con la firme convicción de que la unidad de acción, la solidaridad y la organización de trabajadores, productores y artistas es el único camino necesario ante el atropello antidemocrático y anticonstitucional del Poder Ejecutivo Nacional, todo el sector de la cultura y la comunicación debe dar una respuesta clara y contundente.
¡¡¡LA PATRIA Y LA CULTURA NO SE VENDEN NI SE ALQUILAN!!!
Nos sumamos al pleno RECHAZO del DNU 70/2023 del Presidente Javier Milei y sus ministros por Antidemocrático y Anticonstitucional.
¡¡VIVA LA DEMOCRACIA, CARAJO!!
