Enérgicos comunicados de Argentores y de las entidades del sector ante resolución promovida por el INCAA que pone en peligro a toda la industria 

Enérgicos comunicados de Argentores y de las entidades del sector ante resolución promovida por el INCAA que pone en peligro a toda la industria 

Directores y autores cuestionan duramente la política del INCAA

LAS AGUAS BAJAN TURBIAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CINE

De acuerdo al artículo publicado por Página 12, “las asociaciones de autores y realizadores del cine local volvieron a manifestar ya no sus temores sino un rechazo terminante a un paquete de medidas concentradas en una resolución anunciada en los últimos días por el ente rector de la actividad.”

“A pesar de las constantes negativas y desmentidas por parte de las actuales autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), las asociaciones de realizadores y autores del cine local volvieron a manifestar ya no sus temores, sino un rechazo terminante a un paquete de medidas concentradas en la resolución 942/2017/Incaa, anunciada en los últimos días por el ente rector de la actividad. En contra de ellas se expresan los comunicados de tres de las más representativas agrupaciones de artistas vinculadas a la actividad, la asociación de directores Proyecto Cine Independiente (PCI), los Directores Argentinos Asociados (DAC) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores). 

Los tres comunicados coinciden en manifestar un “profundo rechazo a la resolución 942 promovida por las autoridades del Incaa y a los términos de la misma”, en tanto las nuevas medidas propuestas a través de ella “vulneran el espíritu de la Ley de Cine consagrada en 1994, piedra basal en la que se viene sustentando el cine de nuestro país en los últimos veintitrés años”.

Los comunicados de las tres entidades señalan con enfática inquietud un hecho fundamental: la intención de las nuevas autoridades de convertir al Incaa en un órgano de financiamiento en lugar de una institución dedicada al fomento de la actividad cinematográfica. Es decir, de dejar en segunda instancia el hecho cultural que significa la producción cinematográfica –que por otra parte es una de las industrias culturales que más empleos genera en el país–, para dar prioridad a las instancias financieras de la producción. En ese sentido el comunicado del PCI afirma que “la Resolución 942/2017 y sus Anexos profundizan la crisis que viene atravesando nuestro cine nacional, evidenciando políticas cinematográficas negativas para el Fomento que ahogarán financieramente a las pequeñas y medianas productoras”.

En ese mismo sentido avanza el análisis realizado por los miembros de DAC, quienes explican la naturaleza de la nueva norma de manera precisa, al expresar que el texto de la resolución denomina “financiamiento” a lo que hasta ahora se definía como “fomento a la producción”, utilizando “un lenguaje bancario  y tecnocrático ajeno” a la actividad. Y concluyen que a partir de este cambio en el léxico “el Incaa se asume como un banco” antes que como lo que es (o debería ser): una entidad dedicada a impulsar el cine y no un órgano crediticio más preocupado por recaudar que por sostener una actividad cultural. Es importante volver a destacar que desde la implementación de la ya mencionada Ley del Cine hace casi 25 años, la industria cinematográfica se autofinancia a partir de impuestos aplicados a la propia actividad. Es decir que el crecimiento exponencial registrado desde de entonces, tanto en cantidad como en calidad, no significó en ningún caso restar fondos del presupuesto nacional a ninguna otra de las actividades que el Estado debe garantizar, como la salud, la educación o la seguridad.

No menos importante es recordar que la publicación de esta nueva resolución, que pretende modificar la forma en que hasta ahora se reguló la actividad cinematográfica, se realiza apenas meses después del confuso desplazamiento de Alejandro Cacetta de la presidencia del Incaa por supuestos casos de corrupción que siguen sin ser probados. La expulsión de Cacetta, que mereció el rechazo de toda la comunidad cinematográfica, tuvo lugar tras una por lo menos extraña operación mediática disparada por un informe de dudosa calidad periodística presentado por Eduardo Feinmann en el programa Animales Sueltos, que se emite a través de la señal América TV y que conduce Alejandro Fantino. Desde entonces tanto las nuevas autoridades del Incaa como altas figuras del gobierno nacional, como el jefe de gabinete Marcos Peña, negaron de plano que las condiciones establecidas en la Ley del Cine estuvieran en peligro, comprometiéndose en todos los casos a respetar las normativas vigentes. Compromiso que la Resolución 942 viene a dar por tierra. 

Así lo entiende la DAC, que a través de su comunicado afirma que “cuando aún las entidades representativas del sector audiovisual no salían de su asombro –ya que se habían recibido promesas de los principales ministros del gobierno nacional que indicaban su intención de no achicar los fondos para el Cine– se publica en el Boletín Oficial, sin previo aviso ni consenso, la Resolución 942/2017/Incaa, que lisa y llanamente decreta la eliminación del cine independiente y de autor; y que produce inexorablemente una pérdida histórica de nuestras fuentes de trabajo”. 

En el mismo sentido se expresa Argentores, para cuyos miembros “este conjunto de normativas, lejos de ‘fomentar’ la actividad cinematográfica, se convierte en un diseño de financiamiento que impone peligrosas restricciones para la sustentabilidad de la producción, en especial para los emprendimientos alternativos de bajo y mediano costo con proyección autoral”. En coincidencia con el comunicado de la DAC, el de la asociación de autores también concluye que este esquema depara “una inexorable y drástica reducción de las películas filmadas y el riesgo de que sólo puedan sobrevivir las grandes producciones asociadas a los sectores corporativos más poderosos de la distribución internacional”.

Las tres asociaciones que hasta ahora expresaron sus puntos de vista también coinciden respecto del carácter cerrado e inconsulto de la resolución recientemente publicada, ya que su implementación se realizó sin ser puesta  previamente en conocimiento de las instituciones y asociaciones que integran la comunidad cinematográfica local. Desde el PCI se lo hizo reclamando la “conformación del Nuevo Consejo Asesor (órgano de co-gobierno del Incaa que garantiza la transparencia y asignación democrática de los Fondos de Fomento) en carácter urgente, ya que debería estar vigente desde julio del corriente año”. En tanto que desde el texto de DAC se solicita “al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Cultura y a las propias autoridades del Incaa”, no sólo que “reconsideren las medidas que se pretende adoptar”, sino que también se dialogue con todo el sector audiovisual “para evitar este camino sin salida que producirá, inevitablemente, un cierre de fuentes de trabajo en una industria cultural que tantas satisfacciones le ha dado a nuestro pueblo y que de ninguna manera merece este trato”.

Tanto los comunicados de DAC y Argentores como el de PCI incluyen en sus textos una serie exigencias que buscan hacer dar marcha atrás a este nuevo esquema que, entienden, resulta muy perjudicial para la actividad cinematográfica. El documento del PCI solicita ya en su primer punto que la Resolución 942/2017 sea reconsiderada, “ya que la misma generará mayores trabas burocráticas, imposibilidad e imprevisibilidad en la financiación, provocando una drástica reducción en la cantidad de películas producidas anualmente”. En esa misma dirección apuntaron desde Argentores, quienes indican que la nueva regulación tergiversa “el espíritu de la ley al aplicar criterios económicos y financieros que desconocen la dinámica propia del quehacer cinematográfico”, reclamando que su implementación sea revertida de inmediato. Asimismo desde la asociación de autores se reclama “una política que respete el espíritu de una ley nacida para viabilizar el crecimiento cultural, profesional y laboral”. 

Otra coincidencia entre los tres documentos gira en torno de una idea amplia de aquello a lo el cine argentino debería aspirar, concepto contra el que la nueva normativa pareciera conspirar. Desde el PCI se convoca “a la unión del sector audiovisual” y se solicita a las autoridades del INCAA que  “respondan a las necesidades urgentes y modifiquen el actual rumbo de sus políticas cinematográficas”. Por su parte desde DAC denuncian que “las nuevas resoluciones generadas por los funcionarios del Incaa defienden solo un modelo de cine que no necesita la financiación” y que “promueven la extinción de un cine nacional producido dentro de otros formatos y propuestas, tanto estéticas como narrativas, que históricamente ha creado miles de puestos de trabajo y obtenido infinitos premios internacionales”. En tanto que los miembros de Argentores se manifestaron a favor de que toda legislación orientada a la industria cinematográfica debiera perseguir el objetivo de “construir un cine que nos exprese y en el que nos podamos reconocer. Un cine que contenga diferentes rangos y modalidades de producción, diversidad de miradas, de historias y de caminos expresivos”.


Recordamos: Argentores y su posición ante la nueva medida

“Expresamos nuestro profundo rechazo a la resolución 942 promovida por las autoridades del INCAA y a los términos de la misma. 

Las nuevas medidas que se proponen vulneran el espíritu de la Ley de Cine consagrada en 1994, piedra basal en la que se viene sustentando el cine de nuestro país en los últimos veintitrés años. 

Amparado en el articulado de la Ley de Fondo de Fomento, este conjunto de normativas, lejos de “fomentar” la actividad cinematográfica, se convierte en un diseño de financiamiento que impone peligrosas restricciones para la sustentabilidad de la producción, en especial para los emprendimientos alternativos de bajo y mediano costo con proyección autoral. 

Ante este esquema nos espera una inexorable y drástica reducción de las películas filmadas y el riesgo de que sólo puedan sobrevivir las grandes producciones asociadas a los sectores corporativos más poderosos de la distribución internacional.

Los escritores de películas venimos padeciendo el cercenamiento de la tutela de nuestros derechos económicos y morales con la pérdida del Libre deuda implementada por las autoridades del INCAA en enero de este año. Ahora, con esta resolución, nos enfrentamos a un escenario en el que se reducen las posibilidades laborales  y se amenaza sombríamente nuestro futuro profesional.

Unimos nuestro reclamo al de los demás trabajadores que integran la comunidad del cine para que se reviertan estas medidas que tergiversan el espíritu de la ley al aplicar criterios económicos y financieros que desconocen la dinámica propia del quehacer cinematográfico. 

Fomentar es promover. 

El estímulo económico a la realización de proyectos constituye un instrumento genuino que hizo posible hasta hoy el desarrollo del cine nacional. 

Reclamamos una política que respete el espíritu de la ley nacida para  viabilizar el crecimiento cultural, profesional y laboral. 

Para construir un cine que nos exprese y en el que nos podamos reconocer. 

Un cine que contenga diferentes  rangos y modalidades de producción, diversidad de miradas, de historias y de caminos expresivos que aportamos, con nuestro trabajo, los autores de los libros cinematográficos para que una película tenga existencia.”


La opinión del sindicato de autores, SADA:

Asimismo, y en forma simultánea, SADA (sindicato que nuclea a los autores) y bajo el título “Fuerte retroceso al fomento audiovisual” distribuyó un comunicado, que a continuación reproducimos: “SADA expresa su honda preocupación ante la resolución n° 942/2017 del INCAA, que no solo es enteramente innecesaria sino que además desvirtúa sorpresivamente el sentido de la ley 24.377 de fomento a la producción cinematográfica, así como la función primordial de la misma, al omitir y reemplazar, en todos y cada uno de sus artículos, el concepto de “fomento” por el de “financiamiento”. De implementarse los cambios que impone esta resolución, desaparecería sustancialmente el fomento a la producción de cine nacional logrado a lo largo de décadas de arduo trabajo y aportes de la totalidad de las entidades, gremios, funcionarios y demás participantes del sector audiovisual. Bregamos por que el fomento a la producción nacional forme parte de una verdadera Política de Estado que trascienda a las distintas administraciones de nuestro valioso Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El reemplazo del fomento por una política de financiamiento bancario que los pequeños y medianos productores no están en condiciones de afrontar, sólo puede conducir inexorablemente a una menor cantidad de películas, a una menor calidad de películas, a la destrucción de miles de fuentes de trabajo, no sólo de nuestros afiliados, sino de toda la comunidad audiovisual; y a la pérdida de ingresos indirectos de los que se beneficiaba toda la sociedad. Al reducir nuestra capacidad productiva, dejaremos de ser uno de los principales exponentes de la región a la vez que veremos diezmada nuestra capacidad de retratar la identidad de nuestro país a través de uno de los medios más consumido en el mundo, el audiovisual.”


La Asociación Argentina de Actores también se pronunció:

“Ante la grave situación generada a partir de la Resolución 942 que emitieran  las autoridades del INCAA en forma inconsulta y sin participación  del Consejo Asesor ( el que aún no ha sido puesto en funciones por exclusiva responsabilidad del Estado) y que pone en riesgo nuestras fuentes laborales, nuestro sindicato expresa su profundo rechazo a esta medida que, lamentablemente, confirma los pronósticos a los que arribábamos después de las desprolijidades y desmanejos, nunca aclarados públicamente, ocurridos durante el trámite que destituyó al anterior presidente del INCAA. Nuestros temores tenían que ver con la intencionalidad velada de desfinanciamiento del fomento a los pequeños y medianos productores de la actividad  audiovisual  y hoy vemos que algunas de las medidas planteadas en la resolución van en esa dirección. La preservación y crecimiento de nuestras fuentes laborales, además de las producciones privadas, están inevitablemente atadas a las posibilidades de fomento a la actividad de parte del Estado que nuestra ley de Cine contempla. Como sindicato, cuidar y hacer respetar esta herramienta es parte de nuestra tarea gremial y cultural. También es nuestra responsabilidad política y democrática  construir unidad de acción con sindicatos hermanos y distintas asociaciones representativas de la actividad cinematográfica. En ese sentido hemos acordado en el marco de la Multisectorial por la Ficción, el Trabajo y la Industria Audiovisual Nacional acciones que hagan visible y aporten a la solución del problema que la Resolución 942 ha generado. Es deseable que esta unidad para defender el fomento a nuestra actividad audiovisual se mantenga en lealtad y buena fe en el momento en que los productores, nuestros contratantes, deban respetar nuestros derechos laborales.”


A continuación, reproducimos el comunicado de la Multisectorial por la Ficción, el Trabajo y la Industria Audiovisual Nacional:

TODOS LOS CAMINOS DEL INCAA CONDUCEN A LA DEVALUACIÓN DEL CINE ARGENTINO

“Sin tener intención alguna de mejorar la grave situación de producción, distribución y comercialización a la que ha llegado el cine argentino, por el contrario, el Presidente del INCAA - economista de profesión - parece querer profundizar la devaluación del prestigio que supo tener desde su creación el Instituto y su rol como órgano de Fomento del Cine Nacional. A pocos meses de la salida escandalosa de su antecesor, nombrado por la misma gestión de gobierno, y sin lograr asimilar el bochorno ante las denuncias de corrupción todavía sin resolución, su gestión ha conseguido prácticamente una parálisis administrativa en la distribución del Fondo de Fomento Cinematográfico. Es la continuidad administrativa del INCAA que según su anuario 2016 perdió el 2,51 % de los espectadores con respecto al año anterior; consolidó la comercialización de películas extranjeras por no efectivizar la cuota de pantalla establecida en la Ley de Cine con manifiesto incumplimiento o falta de fiscalización de la misma y llegó a un 85,60 % de espectadores a películas extranjeras por falta de opción en salas. En ese lamentable escenario el lunes 18 se publica en el Boletín Oficial la Resolución 942/2017/INCAA, que parece promover sólo un modelo de cine que no necesita la financiación creada por la Ley y que generará sin duda un futuro de baja de la producción cinematográfica argentina, facilitando aún más la comercialización del cine extranjero, lo que dicho en otras palabras significa el camino de extinción del cine nacional. Esta resolución condena al desamparo a todo ese cine identitario producido dentro de otros formatos y propuestas, tanto estéticas como narrativas, que históricamente ha creado miles de puestos de trabajo y obtenido los más altos premios internacionales, prestigiando al cine y a todo el pueblo argentino. A contramano de este pasado que nos enorgullece, en la lectura de las nuevas normativas puede notarse que las mismas no están pensadas para efectuar fomento a la cultura sino que abiertamente se expresa lo contrario: un financiamiento bancario severo y muy ajustado; siendo además muy notable que quienes han diseñado estas normas no conocen la compleja cadena productiva que implica la realización cinematográfica, creando así un daño sin precedentes e irreversible a toda la cadena de valor que nuestro cine ha sabido construir, si esta resolución y sus anexos llegaran a aplicarse. El estímulo económico a la realización de proyectos constituye un instrumento genuino, tratado y votado en ambas cámaras del Congreso Nacional,  que hizo posible hasta hoy el desarrollo del cine nacional y su difusión en  todo el mundo. Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Cultura y a las propias autoridades del INCAA, reconsideren las medidas que pretenden adoptar y dialoguen con todo el sector audiovisual, tomando especial atención en los productores de las provincias y PyMES, que vienen dando batalla a la economía global y centralizada para continuar produciendo obras audiovisuales en todo el país. Reclamamos una política que respete el espíritu de la ley nacida para  viabilizar el crecimiento cultural, profesional y laboral. Para construir un cine que nos exprese y en el que nos podamos reconocer. Un cine que contenga diferentes  rangos y modalidades de producción, diversidad de miradas, de historias y de caminos expresivos que aportamos, con nuestro trabajo, todos los trabajadores técnicos, productores, autores, directores y actores que integramos esta Multisectorial.”


Los Directores Argentinos Cinematográficos, DAC,  y su comunicado:

“En varias oportunidades desde DAC –Directores Argentinos Cinematográficos– hemos alertado a la opinión pública acerca de las graves consecuencias que genera para la industria audiovisual, el falseamiento de los costos reales de producción que requiere la realización de un largometraje nacional.

Este accionar deriva en un achicamiento permanente - continuo y potenciado al sumar el efecto de la inflación -  de las fuentes de financiación del cine argentino provenientes del Fondo de Fomento a la actividad cinematográfica, creado hace más de 20 años, por una ley que fuera sancionada, unánimemente, en el Congreso Nacional, con la clara decisión política de generar una sólida industria cultural capaz de representarnos exitosamente ante todo el mundo.

Lamentablemente hace algunos días las autoridades del INCAA han emitido una Resolución, mediante la cual el Costo Medio de Producción para un Largometraje Nacional, se modifica en un valor inferior a un 80 % de su costo real, sin ningún documento respaldatorio de su actualización anual, como lo ordena expresamente en su texto la Ley de Cine.

Cuando aún las entidades representativas del sector audiovisual no salían de su asombro -ya que se habían recibido promesas de los principales ministros del gobierno nacional que indicaban su intención de no achicar los fondos para el Cine- se publica en el Boletín Oficial, sin previo aviso ni consenso, la Resolución 942/2017/INCAA, que lisa y llanamente decreta la eliminación del cine independiente y de autor; y que produce inexorablemente una pérdida histórica de nuestras fuentes de trabajo.

Tampoco se ha acallado aun el escándalo generado hace pocos meses por las denuncias internas efectuadas por los propios funcionarios del actual gobierno, que generaron la extirpación del anterior presidente del organismo sin aun haberse efectuado hasta la fecha, ninguna explicación acerca de los actos denunciados. Llega entonces lo que toda la industria temía: la posibilidad de que se cercenara el Fondo de Fomento al Cine Nacional. 

Las nuevas resoluciones generadas por los funcionarios del INCAA defienden solo un modelo de cine que no necesita la financiación creada por la Ley, y que promueven la extinción de un cine nacional producido dentro de otros formatos y propuestas, tanto estéticas como narrativas, que históricamente ha creado miles de puestos de trabajo y obtenido infinitos premios internacionales.

Y es que en la lectura de estas nuevas normativas puede sentirse que las mismas no están pensadas para efectuar fomento a la cultura sino, como abiertamente se expresa, financiamiento bancario severo; siendo además muy notable que quienes han diseñado estas normas no conocen los comandos mínimos de lo que implica la realización y la producción cinematográfica, creando así un daño sin precedentes a la fecha -e irreversible si estas resoluciones llegarán a aplicarse- para nuestra cultura nacional.

Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Cultura y a las propias autoridades del INCAA, reconsideren las medidas que se pretende adoptar y se dialogue con todo el sector audiovisual, para evitar este camino sin salida que producirá, inevitablemente, un cierre de fuentes de trabajo en una industria cultural que tantas satisfacciones le ha dado a nuestro pueblo, y que de ninguna manera merece este trato.”


Declaració de gui.ar ante la compleja situación del cine argentino:

“Los diversos sectores de la industria audiovisual estamos sumidos en el desconcierto y la sensación de un futuro aún más desalentador.

Desde el mes de abril, con la abrupta y poco clara salida del anterior director del INCAA, y luego de las movilizaciones realizadas por el sector, muchas y reiteradas han sido las promesas por parte del gobierno de no reducir el presupuesto y de no quitar el apoyo al cine nacional.

 

Pero el tiempo pasa y los vaticinios más pesimistas de abril comienzan a cumplirse.

- Congelamiento de los créditos a proyectos que aún esperan firma. 

- La demora antidemocrática por parte del ejecutivo, en firmar la designación del Consejo Asesor, órgano de co-gobierno del INCAA que garantiza la transparencia del funcionamiento y asegura que un representante de las principales asociaciones vele por los intereses del sector.

- Prácticas desleales dentro de la burocracia del INCAA que demoran y perjudican la producción.

- Un aumento del costo medio de una película que resulta completamente insuficiente.

- La resolución 942/2017, que establece la normativa y modificaciones en la aplicación del Fondo de Fomento Cinematográfico a la concesión de créditos, que en la práctica no es más que es un tiro de gracia para decenas de productoras Pymes

Estas políticas desvirtúan la esencia de la ley, creada para fomentar la actividad cinematográfica, y la propia existencia del INCAA. Desalientan la producción y dejan a la industria sumida en el desasosiego.

La actual dirección del INCAA deja al cine absolutamente reducido a unas pocas productoras que puedan acceder. Se beneficia sólo a las empresas que no necesitan de los subsidios. Al resto se las abandona provocando una enorme reducción en la realización cinematográfica, pérdida de miles de puestos de trabajo, y la destrucción de nuestra cultura, nuestra memoria e identidad colectiva.

Los guionistas hemos sido uno de los rubros más afectados al eliminarse el libre deuda de Argentores. La situación de nuestro sector es desesperante. Los niveles de desocupación del rubro en particular quintuplica la media nacional.

Detrás de estas medidas ya aparecieron nuevas operaciones mediáticas que sólo buscan la construcción de una cortina de humo que tape las políticas de reducción. Cuando el humo se disipe no sabremos qué quedará del cine nacional.

Desde Gui.ar nos sumamos y apoyamos la movilización en Defensa del Cine del día 28/9 a las 18.”